Políticas basadas en evidencia para ciertas cosas, pero para otras no
Las PBE no son nuevas, tomaron impulso en Reino Unido en los años noventa. Aunque históricamente las PBE no han sido la regla, en algunos países más que en otros, se han ido aplicando más en temas de salud y educación y menos en temas ambientales y de cambio climático.
En general, puede decirse que los gobiernos en América
Latina se han mostrado más bien reacios a pedirle a la academia asesoramiento
en cuestiones de políticas, una tendencia que, aparentemente, se está
revirtiendo en muchos países debido a la urgencia de la pandemia. Hay
excepciones. Por ejemplo, en Brasil, que no buscó esta aproximación, la
covid-19 es ya la primera causa de muerte. En algunas regiones, las más
olvidadas, el contagio ya alcanzó a cerca del 75 por ciento de la población.
Pero en otros países se han conformado grupos asesores científicos que han
asesorado a la clase política y esto ha impactado positivamente en el control
de la enfermedad.
En Uruguay, este paso se dio con la conformación del Grupo
Asesor Científico Honorario (GACH) y la interfase con el gobierno (Transición
Uy). Son evidentes pasos positivos hacia la jerarquización de la ciencia y la
tecnología al servicio de las políticas públicas.1 La llegada de una pandemia
de la magnitud como la que estamos viviendo ha demostrado que las PBE siguen
siendo un enfoque muy poderoso para resolver situaciones críticas y urgentes.
La aplicación de PBE en nuestro país ha demostrado ser exitosa en el control y
confinamiento de la pandemia de covid-19. Si bien el número de casos ha
aumentado abruptamente en estos últimos días, el GACH continúa dando
recomendaciones para aplanar la curva basándose en ciencia y evidencia. Con la
incorporación reciente del sociólogo Fernando Filgueira, junto con
profesionales de sociología, psicología y de la comunicación, se buscará
entender por qué una parte de la gente no acata las exhortaciones de
distanciamiento y protección de su salud y la de su entorno. El gobierno
estableció así con claridad un canal novedoso de participación y comunicación
entre la ciencia y los decisores de políticas, acortando la brecha habitual
entre estos dos mundos.
La presencia de científicos de prestigio al frente del GACH
ha transmitido, además, una gran confianza a la opinión pública. Se utilizó
evidencia sólida para proponer medidas específicas para combatir la pandemia de
covid-19 y sus efectos en el más corto plazo. Ha sido un tipo de comunicación
muy asertiva hacia la opinión pública que se ha apoderado de argumentos
científicos, reduciendo el impacto negativo de las noticias falsas o
pseudocientíficas de las redes sociales. Con todo esto, llegamos a la
conclusión de que la implementación de las PBE necesita de una comunidad
científica fuerte y de un gobierno que dé relevancia a las evaluaciones
científicas y técnicas, y que asegure que los mecanismos de transferencia de
esos conocimientos sean efectivos.
En la planificación de estas PBE, el gobierno había previsto
la creación de otros dos canales de asesoramiento, además del GACH, uno
enfocado en trabajo y movilidad, y otro en educación y protección social. Esto
nunca llegó a concretarse. Desde nuestro punto de vista, el funcionamiento de
estos dos otros «GACH» podría haber servido para generar insumos que orienten
medidas específicas, con el objetivo de paliar los impactos sociales y
económicos de la pandemia en Uruguay. Las consecuencias de la pandemia las
estamos notando ahora mismo, en el aumento del desempleo, la pérdida de
ingresos de trabajadores informales, el retraso escolar y liceal, la
acentuación de la violencia de género, etcétera. Son todas situaciones críticas
y urgentes que ameritan ser analizadas científicamente y con rigurosidad de
datos, convocando esos dos grupos de expertos que el gobierno había previsto,
pero que nunca convocó.
El gobierno, a pesar de la pandemia, avanzó con una
ambiciosa agenda para reducir el déficit fiscal y, según datos de octubre de la
CEPAL, Uruguay es uno de los países de la región que menos invirtió (1,6 por
ciento del PBI) para enfrentar los efectos sociales y económicos de la
pandemia, confiando en que la recuperación económica y social se hará
principalmente a través de mecanismos del mercado.
Sin embargo, existe evidencia sobre los efectos negativos de
largo plazo de una crisis económcia y social. En un informe de la Universidad
de la República se analiza una situación comparable poscrisis de la covid-19
con las medidas sociales tomadas en la crisis económica de 2002 en nuestro
país.2 En ese momento, el gobierno de Jorge Batlle tomó muy pocas iniciativas
para implementar respuestas de contención a la rápida caída de los ingresos y
el aumento del desempleo. No se desplegaron programas adicionales de protección
social dirigidos a los hogares donde hubiera trabajo informal o desempleo y,
como consecuencia de esto, entre 1999 y 2003 la incidencia de la pobreza se
duplicó y la desigualdad se agravó, con consecuencias que perduran hasta la
actualidad. En aquella ocasión, algunas políticas sociales consideradas como
prioritarias por el gobierno (por ejemplo, los programas de alimentación) no se
vieron afectadas por los recortes presupuestarios. Sin embargo, no se
desarrollaron iniciativas de inclusión social a mayor escala.
Como han demostrado varios estudios sobre crisis económicas
en diferentes partes del mundo y en América Latina en particular, la pobreza y
la desigualdad pueden aumentar muy rápidamente en situaciones de crisis agudas.
Algunas consecuencias son irreversibles: por ejemplo, la malnutrición infantil.
La reducción de la pobreza requiere de una urgente, fuerte y sostenida
inversión de recursos durante un largo período. A través de una metodología que
permite realizar estimaciones tempranas sobre la pobreza, un artículo recién
publicado3 calcula que la tasa de pobreza en Uruguay creció del 8,5 al 11,8 por
ciento durante el primer trimestre de la pandemia.
Los argumentos anteriores resaltan la urgencia de activar
todas las capacidades nacionales para neutralizar los efectos económicos y
sociales, que, claramente, van a profundizar las desigualdades preexistentes en
la sociedad uruguaya. Es necesario evitar que el peso de la crisis recaiga
sobre los sectores más vulnerables, como sucedió en la crisis de 2002.
Autores: Atilio Deana - Lucía Pittaluga -18 diciembre, 2020
(Brecha edición 1830)
Atilio Deana es biólogo, responsable de la Unidad de
Valorización de la Investigación del Programa de Desarrollo de las Ciencias
Básicas.
Lucía Pittaluga es economista, docente del Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la
Universidad de la República.
1.
Pittaluga, L. y Deana, A. (2020), «Evidence-based policies in Uruguay are
successful for tackling covid-19», Open Journal of Political Science.
2. De Rosa, M., Lanzilotta, B., Perazzo, I. y Vigorito, A.
(2020), Las políticas económicas y sociales frente a la expansión de la
pandemia de covid-19: aportes para el debate, Instituto de Economía, Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República.
3. Brum, M.
y Da Rosa, M. (2020), «Too little but not too late: nowcasting poverty and cash
transfers’ incidence during covid-19’s crisis», World Development. Disponible
en: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105227
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