Limites a la produccion forestal

 

LA LEY FORESTAL Y EL QUIEBRE DE LA COALICIÓN DE GOBIERNO

 

Diputados aprobó fijar un límite a la producción forestal en el ámbito de un debate que dejó en evidencia las diferencias que subyacen en la coali­ción de gobierno. Más allá de esto, desde el oficialismo se entiende que la coalición está fuerte.

Con votos de Cabildo Abierto (CA), del Frente Amplio (FA) y del Partido Ecologista Radical Intransigente, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para limitar las tierras de prioridad forestal. Su aprobación, en la última sesión del año, generó un duro intercambio entre los integrantes de la coalición de gobierno que dejó algunos resquemores.

El proyecto –impulsado por el diputado Rafael Menéndez (CA)– establece, entre otras cosas, que la forestación podrá ocupar hasta el 10 por ciento de la superficie agropecuaria del país y limita el área de bosques fuera de los suelos de prioridad forestal. Según Menéndez, el objetivo es evitar que la forestación se extienda por fuera de su área establecida, como ocurre hoy en día. «Se busca limitar una cosa que pasaba por debajo de la alfombra», afirmó a Brecha.

La propuesta causó rechazo entre los legisladores blancos y colorados, quienes alertaron sobre su impacto negativo en el desarrollo del sector forestal y adelantaron eventuales juicios de las empresas afectadas contra el Estado. Lentamente, el debate fue subiendo de tono. En este contexto, el diputado colorado Ope Pasquet dijo que se trataba de una medida sin precedentes contra una actividad que tuvo «un éxito clamoroso» y afirmó que era equiparable con «aquellos planes quinquenales para la agricultura soviética», en los que el Estado definía qué se debía producir. De paso criticó al diputado Eduardo Lust (CA) por decir que los gobiernos colorados, blancos y frenteamplistas habían entregado el país a las multinacionales: «Es una mentalidad profundamente antidemocrática».

La comparación con la política soviética provocó malestar en la bancada cabildante, que semanas atrás se abstuvo de participar en el homenaje a los 100 años del Partido Comunista del Uruguay, al tiempo que Lust respondió la alusión personal. «No acepto que me digan que tengo una mentalidad totalitaria […], quien dice eso es un atrevido. Y algunos de los que me acusan vienen de partidos que han dado golpes de Estado», afirmó; esto generó desaprobación en filas coloradas. La bancada del FA seguía el debate en silencio.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo a Brecha que el debate dejó en claro que el FA acompañó este proyecto «para meter una cuña en la coalición de gobierno» y afirmó que la principal molestia refiere a la forma en que se presentó el proyecto. Según Schipani, el texto fue acordado entre cabildantes y frentamplistas sin escuchar la posición de los representantes del Poder Ejecutivo, los ministros Carlos María Uriarte (Ganadería) y Adrián Peña (Ambiente). «Eso enrareció la situación», afirmó.

Menéndez rechazó esta versión. Según dijo, el proyecto ingresó hace ocho meses a la Comisión de Ganadería, que recibió a distintas delegaciones. Esto incluyó la presencia del ministro Uriarte, del director general forestal, Carlos Faroppa, y de representantes de la industria forestal. Según Menéndez, el texto aprobado atendió varias propuetas presentadas por estas organizaciones y por los integrantes de la comisión. El problema fue que «salvo los legisladores del FA, ninguno hizo aportes», fustigó Menéndez. Esto abrió una grieta en la coalición, cuyo tamaño está por verse.

DE SORDOS

Durante el debate, diputados de la coalición insinuaron que –de aprobarse– esta norma debería ser vetada por el presidente, Luis Lacalle Pou. Para evitar el impacto de esta medida, blancos y colorados intentarán negociar cambios en el Senado, dijeron fuentes políticas a Brecha. El senador blanco Jorge Gandini afirmó que el proyecto cambia reglas de juego que tienen más de 30 años, en un sector que necesita estabilidad y planificación a largo plazo. Por este motivo, lamentó que no se haya escuchado la opinión del Poder Ejecutivo ni de las organizaciones del sector. Por eso, el Senado analizará con detenimiento su contenido, sin la urgencia de Diputados.

Menéndez dijo que el proyecto está abierto a modificaciones, pero recordó que limitar el área forestal es una de las propuestas programáticas de CA. En efecto, el proyecto tiene el respaldo de los tres senadores cabildantes, en particular de su líder, Guido Manini, quien reiteradamente señaló la necesidad de limitar el avance de la forestación en Uruguay.

Según Menéndez, la ley forestal, aprobada en diciembre de 1986, estableció un área de 1,5 millones de hectáreas de prioridad forestal. Pero cuatro decretos aprobados en estos 30 años extendieron esa área hasta llegar a los 4 millones de hectáreas. Esta ampliación –dijo– se hizo sin un control efectivo del Estado, lo que permitó la plantación de unas 300 mil hectáreas por fuera del área de prioridad forestal, que incluye unas 40 mil hectáreas en zonas de recarga de acuíferos o cuencas hídricas.

El proyecto apunta a regular esta distorsión, por lo que se establece que todos los proyectos forestales sean sometidos a estudio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ya que actualmente existen muchos proyectos de 99 hectáreas que no tienen estudio de impacto ambiental.

Además, señaló que esta disposición no es retroactiva –no afectará derechos adquiridos– y no supondrá un freno al desarrollo del sector. Datos aportados por el sector empresarial en comisión indican que actualmente está forestado el 7 por ciento del área agropecuaria –lo que permite abastecer a las plantas de celulosa de Montes del Plata y de UPM– y que, al ritmo en que se está forestando, recién en 30 años se llegaría al límite del 10 por ciento.

El objetivo es atender los efectos negativos de la forestación en el territorio nacional. «El bien común es mantener la producción forestal y la de alimentación en igualdad de condiciones […]. La pregunta es: ¿queremos un Uruguay diversificado o un pueblo celulósico? Si quieren un pueblo celulósico, que lo expresen», cuestionó.

En este sentido, el diputado Schipani dijo estar de acuerdo en ordenar el desarrollo forestal y fomentar la agricultura, pero no a través de una ley que prohíba la explotación forestal. Según dijo, este ordenamiento debe hacerse por vía administrativa y ese es el camino que trazó el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

En efecto, Peña aseguró en su cuenta en la red social Twitter que se trabaja para modificar los criterios de clasificación de los proyectos forestales y que se está cerca de lograr un acuerdo. La forestación –dijo– es una política de Estado que representa el 4 por ciento del PBI de Uruguay y genera miles de puestos de trabajo, por lo que resulta inconveniente aprobar un proyecto que no tiene una base sólida. «Nuestro ministerio seguirá trabajando en aportar soluciones racionales, fundadas en base técnica y científica […]. La forestación tiene aún margen de crecimiento, pero ese crecimiento debe ser ordenado, salvaguardando la calidad de los suelos, del agua y de la biodiversidad», agregó.

La votación, sin embargo, dejó en evidencia que existen diferencias en el seno de la coalición, que tenían un antecedente en la reciente votación de la ley de aeropuertos, en la que CA votó en contra. «No podemos soslayar que fue una instancia que no habíamos tenido hasta ahora», afirmó Schipani, aunque aclaró que, por ahora, esto no genera preocupación en la bancada de gobierno, ya que se estima que «se reiterará a lo largo de todo el período».

Según Schipani, la coalición de gobierno se mostró sólida al aprobar dos leyes fundamentales, como la de Ley Urgente Consideración y la de presupuesto, y que esta votación trastocó esa armonía. «Terminamos mal el año, es un hecho que no podemos minimizar, pero no hay que dramatizar», afirmó. Por este motivo, el Partido Colorado insiste en la necesidad de instalar una mesa de la coalición, con representantes al más alto nivel, que debata sobre asuntos estratégicos y evite situaciones como la de esta votación.

De momento, los dirigentes blancos prefirieron no ingresar en polémicas sobre el impacto que tendrá esta votación en el futuro de la coalición de gobierno, pero reconocieron molestias de los legisladores y del propio Poder Ejecutivo con CA por el contenido del proyecto y la forma en que se procesó este debate.

(Fuente : Brecha numero 1830, autor: Mauricio Perez)

 



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