Mariana
Mota: El honor de la magistratura uruguaya
Artículo aparecido en el cotidiano francés 'Le
Monde' el jueves 6 de junio sobre la jueza Mariana Mota.
La mujer de la Semana /27 de junio /40
aniversario del Golpe de Estado en Uruguay. La jueza que había condenado al ex
presidente Juan María Bordaberry, fue despojada de los dossiers relativos a
crímenes de la dictadura en Uruguay. En esta materia, este país está en retraso
comparado a la Argentina y Chile.
Mariana Mota tiene un físico frágil y
una expresión austera, sin maquillaje, que disimulan un carácter bien templado.
Esta jueza uruguaya se ha convertido en un símbolo. En febrero pasado, la Corte
Suprema de Justicia del Uruguay la transfirió de un juzgado en lo penal a una
jurisdicción en lo civil. Por esta decisión, ella se vio alejada de una casi
cincuentena de casos de violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura
(1973-1985).
Ante esta noticia, Guillermo Cedrez,
Presidente del Círculo Militar, que agrupa los oficiales en retiro y oficiales
de la reserva, expresó su alegría. Según él, la magistrada desplazada habría
adolecido de "falta de imparcialidad". Por otro lado, los defensores
de los derechos humanos y las asociaciones de víctimas de la dictadura
manifestaron su indignación contra esta acción de retirarle los casos en
proceso a una jueza que había llegado a ganar la confianza, después de tantos
años donde reinó la impunidad. El 20 de mayo, como en años anteriores, ellos
efectuaron "la Marcha del Silencio" en Montevideo, en memoria de las
heridas de la dictadura, con una consigna: "En mi Patria, no hay justicia:
¿quienes son los responsables?"
Con 43 años de edad, Mariana Mota era
una niña durante los años de plomo, ella no tiene ninguna cuenta que saldar con
aquella época. En 2012 había acompañado en un tramo "la Marcha del
Silencio". Ella también había concedido un reportaje al diario argentino
"Página12" sobre la deuda de los uruguayos con respecto a su pasado.
Tales fueron los dos reproches que le formularon sus detractores. Tanto uno
como el otro fueron objeto de una investigación de parte de la Suprema Corte de
Justicia, que al final no condujeron a ninguna amonestación.
Los hijos adolecentes de la jueza
tienen dificultades en comprender estas chicanas. Su madre no se plegó a las
presiones. La amnistía que se habían acordado los militares antes de dejar el
poder no le impidió que en el 2010 condenara al ex Presidente, Juan María
Bordaberry, el cómplice civil, en el poder de facto entre 1972 y 1976, a treinta años de
prisión.
En 2011, la Corte Interamericana de los
DDHH (CIDH) ordenó al Uruguay juzgar los crímenes contra la humanidad,
argumentando su carácter de imprescriptibilidad. La Suprema Corte en Montevideo
rechaza el principio de retroactividad y de la imprescriptibilidad, y el hecho
mismo de que las desapariciones forzadas constituyen un crimen continuo.
"El derecho a saber, de conocer la
verdad es un derecho de toda sociedad, y no solamente de los parientes de las
victimas", expresó Mariana Mota en su intervención en Paris el 21 de mayo,
en un coloquio sobre los desaparecidos organizado en el Senado por la
Asociación "Donde Están?" ("Où sont-ils?")"¿Que pasará
con de las sentencias que estaban prontas antes de mi traslado? La Jueza que
debe reemplazarme deberá tomar un tiempo para familiarizarse con los diversos
casos. Por lo cual este retraso es contrario al dictamen de la CIDH",
expresó.
Para la procuradora Mirtha Guianze,
"la Suprema Corte es una instancia feudal, conservadora". La mayor
parte de los magistrados han comenzado su carrera bajo la dictadura y, asegura,
"quien sea diferente es defenestrado".
El Uruguay ha ratificado los textos
internacionales sobre los derechos humanos, pero los jueces se atrincheran en
el derecho local. Mariana Mota no ha dudado en proseguir con los procesos. Así
en 2011 logró la condena del coronel Carlos Calcagno. En 1977, éste había
supervisado el arresto de dos uruguayos en Paraguay, de donde fueron
trasferidos hacia la Argentina en el cuadro del Plan Cóndor, la coordinación
represiva de las dictaduras sudamericanas. Los prisioneros jamás aparecieron.
Los "archivos del terror" encontrados en Paraguay en 1992 contienen
pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de Calcagno. Lo que no
impidió que la sentencia pronunciada haya sido fuertemente criticada por otro
ex presidente, el liberal Jorge Batlle.
Al parecer, las investigaciones de
Mariana Mota han molestado a la coalición de centro-izquierda en el poder desde
el 2005. El actual presidente, José Mujica, es un ex guerrillero y un ex
prisionero político, retenido como rehén en las condiciones más degradantes por
más de 12 años. "El Estado, no tiene una política activa en materia de
derechos humanos", lamenta la Jueza Mota. "El sistema judicial no ha
hecho lo suficiente para responder a las familias que desean conocer la
verdad". Los restos de 4 desaparecidos (sobre 200) han sido encontrados en
diferentes cuarteles. El Uruguay está en retraso en comparación con la
Argentina y Chile. "Los magistrados encargados de las averiguaciones y
pesquisas no tienen los equipos técnicos suficientes, ni financiamiento ni el
apoyo del gobierno, precisa Mariana Mota. El presidente Mujica, él mismo
victima, no puede ser indiferente con respecto a quienes reclaman
justicia".
La senadora de izquierda Constanza
Moreira cree que los ex guerrilleros sienten una responsabilidad de
"culpabilidad" con respecto a la represión. El Uruguay contó en su
momento, con el número más elevado de prisioneros políticos, de torturados y de
exilados, con respecto a su población (3 millones de habitantes). La mayoría
han obtenido reparación, pero las exigencias de justicia no han sido
satisfechas.
La izquierda organizó dos referéndums
para la anulación de la amnistía de los militares, en 1989 y en 2009, y perdió
las dos veces. La democracia directa contribuyó a oponer el sufragio universal
y los derechos humanos.
"Una parte de la izquierda ha
tenido una actitud ambigua, hace notar Denis Merklen, profesor del Instituto de
Altos Estudios de América Latina (Paris). José Mujica había criticado el
arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres, en 1998, en nombre de la
soberanía nacional. Del mismo modo, los dictámenes de la CIDH son vividas como
una injerencia". Mariana Mota encarna una convicción: "Si los
derechos humanos, los derechos individuales fundamentales no son respetados,
todos los otros derechos pierden su sentido: ellos son la base del edificio
jurídico".
Magistrados europeos se organizan para
demostrarle su solidaridad. Mariana Mota ha salvado el honor de la magistratura
uruguaya, expresó el jurista francés Louis Joinet. El desafío sobrepasa al
Uruguay. La decisión de la Suprema Corte constituye un grave precedente, que
arriesga inspirar a los Estados destructores, prontos a dar vuelta la página
para que no pueda ser leída".
Paulo A. Paranagua
© Le Monde
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