Paginas de nuestra historia (IX). La bisnieta de Artigas.

''El País'', defensor de los golpistas

Por Niko Schvarz (*)

El lector que observe el título pensará que no es ninguna novedad. El País fue por antonomasia el diario de la dictadura.

Recuerdo que junto con Daniel Rodríguez Larreta, su redactor responsable, concurrí en la mañana del 27 de junio de 1973 al Ministerio del Interior a notificarme del infame decreto suscrito por el Cnel. Dr. Néstor J. Bolentini que prohibía “atribuir intenciones dictatoriales al Poder Ejecutivo”. (Después supe que era copia del decreto de Gabriel Terra en ocasión del golpe de Estado del Cuartel de Bomberos del 31 de marzo de 1933).
Desde esa fecha, durante más de 11 años y medio, “El País” fue el diario de la dictadura. Publicaba todos los comunicados de las Fuerzas Conjuntas, las fotos de los luchadores democráticos que eran requeridos para ser encarcelados y torturados, y algunos de sus miembros prominentes, empezando por el propio Rodríguez Larreta, integraron el Consejo de Estado que usurpó las funciones del Parlamento.
Pero ahora el título se refiere a los golpistas paraguayos. El lunes 13 “El País” dedica su editorial a la interpelación del 26 de julio en el Senado al canciller Almagro y a batirle el parche al interpelante, senador Sergio Abreu. Y lo que hizo éste (junto con todos los senadores blancos y colorados, sin excepción) fue respaldar, del principio al fin, a los golpistas paraguayos.
En su respuesta, el canciller no dejó piedra sobre piedra de la intervención del interpelante. Lo demolió, literalmente. Con toda la documentación a la vista y una sólida argumentación jurídica demostró que el juicio político sumarísimo del 22 de junio al presidente Lugo (también llamado juicio “express”, como admitió el propio Federico Franco) fue un golpe de Estado, implicó un quiebre institucional, una ruptura del orden democrático. Señaló que en esa instancia se violó el artículo 17 de la Constitución paraguaya que establece las garantías procesales, el artículo 8 de la Convención Americana sobre DDHH, el artículo 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y que en consecuencia se había producido una violación del estado de derecho, lo que fue acompañado de un aislamiento de los golpistas paraguayos prácticamente único en la historia y en el contexto de los países sudamericanos. Todo esto en polémica con afirmaciones (y sugestivas omisiones) de Abreu.
Citó que al día siguiente, 23 de junio, la Comisión Interamericana de DDHH consideró “inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo” y que “el procedimiento afecta la vigencia del estado de derecho en Paraguay”. El 24 de junio los estados parte del Mercosur y estados asociados expresaron “su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en Paraguay” y el 29 de junio, reunidos en Mendoza, los presidentes del Mercosur decidieron suspender a Paraguay de su participación en los órganos y deliberaciones del grupo. Ese mismo día, una reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado de UNASUR declaró “la más enérgica condena a la ruptura del orden democrático en la República del Paraguay, ejecutado mediante un procedimiento sumarísimo, que evidencia una clara violación del derecho al debido proceso”. Esta decisión se adoptó por la unanimidad de los once gobernantes de los países sudamericanos, con notorias diferencias políticas entre ellos
Esta sumatoria de hechos dejó en blanco al interpelante y sus acompañantes. Más aún cuando Almagro mencionó el Protocolo de Ushuaia, o Compromiso Democrático del Mercosur, que por aplicación de su artículo 5 determinó la suspensión a Paraguay del derecho de participación en los órganos del Mercosur y de sus deliberaciones. Por esa vía se refutó también la alegación de Abreu de que se había violado el principio de no intervención.
En suma, el gobierno uruguayo salió airoso de la interpelación, no sólo por los votos, sino por los argumentos y las razones. Allí quedaron claramente definidos los campos. A los senadores blancos y colorados, no los respaldó nadie. Incluso el gobierno del PP de España anunció que el actual gobierno paraguayo no será invitado a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, en noviembre.
El editorial de “El País” sitúa esta interpelación al nivel de las que protagonizó Wilson Ferreira. ¡Qué tupé! Porque durante toda la dictadura, de la cual “El País” ofició como amanuense, Wilson Ferreira fue estigmatizado, por su actuación desde el exilio junto a todas las fuerzas que bregaban por la recuperación democrática. Lo mismo que hacen ahora en Paraguay los múltiples sectores que se agrupan en torno a Lugo, a quien tendremos el gusto de recibir el mes próximo entre nosotros.

(*) Periodista. Uruguay.