Controlar lo que comen los pobres
La semana pasada, el ministro de
Desarrollo Social, Martín Lema, hizo públicas las intenciones de limitar el uso
de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). La propuesta del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES) pasa por prohibir las compras en aquellos comercios cuyos rubros
de giro no son estrictamente de alimentación, higiene personal o limpieza del
hogar. No se trata de una medida de ahorro, ya que no se limitaría el gasto,
sino de una decisión esencialmente ideológica: si les damos dinero a los
pobres, hay que monitorear que lo usen solo para garantizarse un mínimo
biológico de subsistencia. Cualquier gasto que se aleje de esto, sea comprar
electrodomésticos o algo en la ferretería para hacer un arreglo en la casa,
constituye un abuso, una suerte de desagradecimiento.
Un primer punto a considerar es que
la idea de direccionar el gasto de estos hogares hacia ciertos bienes,
restringiendo el uso de la TUS, desconoce que esta transferencia constituye
solo una parte de sus ingresos. Por lo tanto, los beneficiarios pueden terminar
comprando los bienes «no deseados» con el resto de sus ingresos. En este
sentido, podemos decir que se trata de una medida inefectiva, para direccionar
el consumo hacia ciertos bienes. Por otro lado, es cuestionable que las
necesidades básicas de un hogar estén dadas solamente por alimentos, artículos
de limpieza y artículos de higiene personal.
Lamentablemente, la propuesta de Lema
consiste en plegarse a las definiciones originales del programa del MIDES. De
hecho, anteriormente la TUS se llamaba Tarjeta Alimentaria, y ampliar dicha
política tanto en los rubros de los artículos que se compran como en los montos
y la cantidad de beneficiarios costó no pocos debates en la izquierda. Durante
la era progresista, este tipo de políticas se tensionaron en el gobierno entre
movimientos de recorte y ajuste, por un lado, y movimientos de expansión hacia
la universalización, por el otro. Cuando se creó el Plan de Equidad, en 2008,
estaba abierto, incluso, el debate sobre la renta básica universal. Sin
embargo, más allá de la prédica de varios actores del MIDES contra las
contraprestaciones y a favor del reforzamiento de los pilares universales
durante la era progresista, esta línea no logró ser la predominante. La lógica
universalista fue obturándose y la estrategia de focalización se consolidó.
Esa ampliación de derechos y
prestaciones que tanto cuesta consensuar en la izquierda es objeto de rechazo
unánime en la derecha, que usa como argumento un sentido común meritocrático e
individualista, que responsabiliza a los pobres de su situación. La estrategia
ha sido buena, ya que, según releva la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,1 de
los noventa para acá la gente piensa, cada vez más, que la pobreza es un
problema individual y no colectivo: entre 1996 y 2011, el porcentaje de la
población que le adjudicaba mayor responsabilidad al Estado para explicar la
pobreza cayó de 52 a 25 y el de la población que les adjudicaba mayor
responsabilidad a los individuos subió de 14 a 27. Esta apuesta sirve, además,
para sacar del foco del debate a los sujetos que son beneficiados con políticas
específicas y cuyos méritos y merecimientos no son cuestionados. En ese
sentido, queremos mostrar algunos ejemplos de cómo, a mayor nivel
socioeconómico, más libertad y menos exigencias ofrece la política pública.
En primer lugar, está la TUS, pensada
para la vulnerabilidad extrema. Limita qué y hasta dónde se puede comprar, por
lo que el nivel de tutelaje es sumamente alto. En este sentido, la fijación del
Partido Nacional (PN) con la TUS no tiene nada de nuevo. En 2011, la diputada
Analía Piñeyrúa interpeló al entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel
Olesker. La interpelación tuvo mucho que ver con una preocupación obsesiva del
PN con los problemas de focalización y la necesidad de exigir
contraprestaciones a los beneficiarios, pero el detonante fueron unos informes
según los cuales había un consumo importante de papas chips. ¡Mirá si un pobre
va a comer papas chips con plata de la transferencia! No importa si es para
festejar un cumpleaños, mirar los partidos de la selección o, simplemente, por
gula. Se trata de disciplinar a los pobres a como dé lugar, de calificarlos de
merecedores o no merecedores.
En segundo lugar, están las
Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE), que incluyen un conjunto
más amplio de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica y no establecen
ninguna limitación en el tipo de artículos o comercios donde se pueden hacer
las compras. Sin embargo, estas transferencias están sujetas al cumplimiento de
ciertas contraprestaciones, vinculadas a, por ejemplo, la asistencia a los
centros educativos.
En tercer lugar, están las
deducciones al impuesto a la renta de las personas físicas (que constituyen una
renuncia del Estado a recaudar) según la cantidad de hijos del contribuyente,
que benefician a personas que perciben ingresos formales medios y altos. En
este caso deja de existir cualquier tipo de exigencia respecto al rubro y al
comercio en que gastar, así como respecto a las contraprestaciones. Los hijos
de quienes reciben ese beneficio monetario, ¿terminaron el liceo?, ¿tienen el
carné de vacunas al día?, ¿comen papas chips?
Algo similar ocurre con la
exoneración tributaria a la educación privada. Por artículo 69 de la
Constitución, está exonerada de impuestos y, por una sobreinterpretación de la
carta magna hecha durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, está exonerada
también de los aportes patronales a la seguridad social. Es claro que ese gasto
tributario que pagamos entre todos está focalizado a los ingresos medios-altos
y altos. Económicamente, representa un gasto similar al de las AFAM-PE. Sin
embargo, no hay contrapartidas para este gasto. ¿Se les exige en el debate
público determinado nivel de excelencia académica a las instituciones
educativas privadas?
Los ejemplos mencionados nos permiten
poner un tema clave sobre la mesa: el actual sistema de impuestos y
transferencias de Uruguay se encuentra fragmentado por nivel socioeconómico,
con políticas centradas en la pobreza y otras en el resto de la población. Las
diferencias en el diseño y la implementación de estas políticas contribuyen a
poner el foco en la población en situación de pobreza, a estigmatizarla
(sabemos quiénes son, porque tienen una tarjeta que los identifica; sabemos en
qué gastan, porque el Estado tiene una trazabilidad completa de su uso, y
sabemos dónde gastan) y a invisibilizar el esfuerzo que hace el Estado para
apoyar a los sectores de ingresos medios y altos.
La viabilidad de las políticas que
buscan reducir la desigualdad depende no solamente del diseño técnico de los
programas, sino también de cómo impactan en la percepción de la población
respecto a las causas de la desigualdad y el esfuerzo que hace el Estado para
reducirla. En este contexto, debe pensarse en un rediseño integral del sistema
de impuestos y transferencias, que tenga como uno de sus objetivos prioritarios
reducir la desigualdad y superar el actual diseño fragmentado y estigmatizador.
Un bien de lujo, en la literatura
económica, es un bien consumido preponderantemente por los sectores de altos
ingresos. En el discurso dominante, parece que la libertad es un bien al que
solo deberían acceder unos pocos, mientras que para el resto de la población
predominan el control y el disciplinamiento.
1. Valores y creencias de los
uruguayos: ¿freno o impulso para un desarrollo sostenible?, disponible en
www.opp.gub.uy.
Titulo original : “Libertad,
ese bien de lujo” por Pablo Messina y Pablo Blanchard, Brecha 1882,17 diciembre, 2021
Comentarios
Publicar un comentario